Denuncian abandono y violencia en los institutos de menores de La Plata

“Corren riesgo la vida de los trabajadores y de los menores”, sostuvo Cesar Gorría, delegado de Menores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), luego de la Asamblea que realizaron el jueves los trabajadores de los institutos que funcionan en el Complejo Villa Esperanza de Abasto. Denunció que por el “escaso presupuesto” del Gobierno los Institutos dependientes del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia “se caen a pedazos”, no tienen agua potable, no cuentan con elementos de higiene ni colchones y la comida no es la adecuada.

Enumeró diversos episodios de “motín” e “intentos de fuga” de los jóvenes alojados en Institutos en los últimos tres meses, todos en reclamo de comida y condiciones dignas.  “Son situaciones en perjuicio de los trabajadores y los menores”, sostuvo el delegado de ATE.

Advirtió que los Institutos “están en malas condiciones, se caen a pedazos, con cloacas tapadas, sin agua potable. En lugares como Abasto se manejan con agua de pozo y están contaminadas con arsénico”. De esa agua  toman los jóvenes, mientras que a los trabajadores exigen llevarla de su casa en botellas.

“Viven en situaciones indignas sin frazadas, sin colchones, la comida no es la adecuada, sin ropa, ni elementos para higiene”, agregó. “Es en esas condiciones que se generan situaciones violentas”, explicó el trabajador.

Respecto al gas, el Gobierno tiene deuda con la empresa que provee gas envasado, ante lo cual se está retrasando la entrega del servicio. “Están cocinando con leña y hasta calientan agua con leña para bañarse”, describió Gorría.

También señaló que no hay contratación de nuevos trabajadores y llega a haber siete personas para contener a setenta jóvenes. A ello se le suma que “ya no hay instituciones para seguir conteniendo a los menores porque están llenas”.

Los responsables

“Queremos denunciar a los responsables:  Pilar Molina, directora ejecutiva del Organismo Provincial de La Niñez y Adolescencia; Felipe Granillo Fernández, Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil; y Santiago López Medrano, Ministerio de Desarrollo Social”, sostuvo Gorría.

“Tuvimos muchas reuniones, pero se dedican a dar explicaciones que realmente no solucionan nada, tratan de evadir pedidos de solución. Pasan los meses y esto cada vez se agrava más. En esas circunstancias corren riesgo la vida de los trabajadores y de los menores”, advirtió.

Escuchá a César Gorría, delegado ATE

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